La crisis humanitaria entre México y Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores retos para las dos administraciones. No han logrado establecer un plan en conjunto que mitigue este fenómeno, que tiene repercusiones graves para los migrantes a nivel personal y familiar.
Apenas la semana pasada sostuvieron una llamada telefónica el presidente de México, Andrés Manuel, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El tema central, según los reportes oficiales, fue el de la migración que fluye por México hacia Estados Unidos.
La administración Biden ha expresado su preocupación por el desorden de los flujos migratorios, pues esto ya le representa muchas críticas sociales. Particularmente en la frontera con México, en donde la suspensión del llamado Título 42 implicaría un incremento considerable de los flujos.
Una parte de la sociedad estadounidense, no mayoritaria, pero sí importante, es contraria, bajo cualquier escenario y argumento, a la llegada de nuevos inmigrantes. Ni siquiera por razones humanitarias está dispuesta a aceptar a los migrantes.
Otra parte, la sociedad más pequeña, por razones demográficas, económicas o humanitarias es favorable a la llegada de nuevos inmigrantes. El resto de los estadounidenses, la gran mayoría, es la que más pesa electoralmente, no estarían en contra siempre y cuando los migrantes ocurran de manera ordenada y con límite.
Joe Biden sabe que los costos políticos y electorales de una migración que crece de manera desordenada pueden ser muy altos, es ahí donde la participación mexicana es importante.
Por ello, Washington mantiene de momento una doble agenda. Por un lado, exige a México más control policial en su frontera, y por otro negocia los términos y montos de la financiación. En diciembre pasado ya liberó una primera batería de inversiones para Centroamérica.
No obstante, el gobierno de México debe soltar la presión del vecino del norte y apegarse a lo planteado en Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: un plan de inversión en Centroamérica, así como ofrecer empleo e invertir en infraestructura.
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El gobierno mexicano debe cambiar la visión del Instituto Nacional de Migración, dejando la securitización de la frontera y procurando el aspecto humanitario; asimismo; brindarle a su personal capacitación continua en derechos humanos.
Por otro lado, se deben atender y combatir los problemas principales. En primer lugar, el combate al tráfico de personas; y en segundo lugar, la desmilitarización de la frontera que incrementa costos y riesgos para los migrantes.
Los resultados de la actual estrategia han sido catastróficos para los migrantes, los abusos se cuentan en miles, las muertes en cientos, mujeres y niños son abandonados en zonas inseguras de la frontera norte. Esto no puede seguir así.
Hasta ahora, Biden ha tratado de suspender la inhumana aplicación del Título 42 que solo se aplica a migrantes que vienen desde México (muchos mexicanos), con cifras récord de detenciones y un muy posible incremento de migrantes dispuestos a todo.
Esto no es suficiente, Estados Unidos y México deberán plantearse iniciar una reforma que le dé una nueva perspectiva, con metas compartidas y que sirva como cimiento de un futuro proyecto. Solo así se hará algo diferente ante este fenómeno migratorio.
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Internacionalista por la UDLAP, vicepresidente de Somos Naciones en México A.C. y colaborador del COMCE Sur. Me gustan los libros de historia universal, poesía y tecnología. En mis pasatiempos toco la guitarra acústica. Soy un mexicano comprometido en el desarrollo de un mejor futuro.
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POB/LFJ
