La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades de Puebla esclarecer la ejecución de tres personas en la comunidad indígena de Coyomeapan por parte de la Policía Estatal, ocurrida el 9 de mayo.

A través de un comunicado, la ONU-DH dijo que es “preocupante” el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la policía estatal y que este tipo de acciones “no corresponden” a una policía civil que actúe bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal.

Para la ONU-DH una hipótesis de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en la comunidad desde el verano de 2021.

Coyomeapan
Pobladores pidieron justicia durante el funeral de las personas asesinadas. (Foto: Es Imagen)

Desde el proceso electoral de 2021, en Coyomeapan se han registrado disturbios por la inconformidad en el triunfo de Rodolfo García como presidente municipal y mantienen tomada la presidencia para impedir que tome protesta.

Los inconformes crearon el movimiento Unidad por Coyomeapan y acusan a los hermanos Araceli y David Celestino Rosas de haber impuesto un cacicazgo, luego que ambos han gobernado de forma consecutiva desde 2011.

Rechazan el triunfo de Rodolfo García, quien además es esposo de Araceli Celestino.

El gobierno de Puebla reconoció la muerte de tres personas y cuatro heridos 48 horas después del ataque.

Por esta razón, fueron detenidos nueve policías estatales, acusados de los delitos de: homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia y daño en propiedad ajena.

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Durante el 26 y 27 de mayo, la Oficina se reunió con las víctimas sobrevivientes de los hechos y sus familiares; así como con Basiliza Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapan, quiene está presa en el CERESO de Tehuacán, junto a otros activistas comunitarios.

 

 

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POB/LFJ