El Senado de la República aprobó reformas para extender –hasta el año 2028– el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
De esta forma, el dictamen regresará a la Cámara de Diputados para su aprobación final, pues el Senado realizó ajustes a lo aprobado previamente.
Con esto, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza (LNUF), implicará cuatro aspectos fundamentales que faculta a las instituciones de seguridad determinar el grado de intervención y el uso de la fuerza de acuerdo a la situación:
1. El presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en materia de Seguridad Pública, cuando se determine si una reunión o manifestación tiene un objeto ilícito. La participación deberá ser de forma temporal y solicitada de forma expresa.
2. Los elementos de seguridad deberán cumplir con sus obligaciones, de acuerdo a la Constitución Mexicana, así como a los tratados internacionales.
3. El poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la Unión informes semestrales para medir resultados y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas.
4. A partir de 2023, se creará un fondo con recursos económicos para fortalecer a los elementos policiacos estatales y municipales.
Luego de la aprobación para ampliación del plazo de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lamentó la decisión por representar un riesgo para la ciudadanía.
Advirtió que con esto, se puede justificar el uso de la fuerza, incluyendo la letal, por parte de las Fuerzas Armadas para reprimir reuniones, manifestaciones o protestas, dejando de lado los derechos humanos.
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Consideró que existe el riesgo de que el derecho a la libertad de expresión sea ignorado y coloca a las personas defensoras de estos derechos en peligro, pues en casos anteriores la Guardia Nacional se ha visto implicada en seguimientos ilegales civiles.
Por eso, el Centro Prodh, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a tomar una decisión que se apegue a los derechos humanos de las personas.
Fuerzas Armadas: ¿Militarización del país?
De acuerdo con el Centro Prodh, en México urge un proceso de desmilitarización de la vida pública, para reducir las violaciones a los derechos humanos.
Pues, desde hace más de 30 años, las denuncias ante las Fuerzas Armadas han quedado impunes, así como su renuencia a rendir informes, por lo que no es una política pública efectiva para disminuir la violencia en el país.
Asimismo, genera un riesgo para la democracia y un desequilibrio entre la relación civil cívico-militar. Además, una militarización, imposibilita a la policía civil para atender contextos locales y comunitarios.
Por ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene a su cargo la Guardia Nacional, lo cual significa que ahora tiene un poder operativo, administrativo y financiero sobre esta corporación.
Esto, dice el Centro Prodh, representa un riesgo a la protección de los derechos humanos, e incluso esta unión va contra tratados y convenios internacionales que tiene México con otros organismos.
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POB/AHC
