A finales de los años noventa yo me encontraba viviendo y trabajando en Aguascalientes. Era la primera vez que el Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba la capital del Estado y el gobernador era Otto Granados Roldán, quien había sido vocero del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
En diciembre de 1996 publicamos un reportaje en portada y páginas centrales del periódico Enlace Aguascalentense, sobre la corrupción y abusos que se cometían desde la mismísima Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Aguascalientes.
El día en que el periódico salió a las calles ocurrió la típica compra masiva de ejemplares y un par de días después, el fotógrafo fue secuestrado por unas horas por elementos policiacos, quienes lo golpearon y amenazaron. Yo había hecho y firmado ese reportaje, pero se desquitaron con el fotoperiodista.
Aguascalientes ha sido gobernado casi ininterrumpidamente por el PAN desde hace dos décadas y es de los pocos estados que siguen sin tener una ley de protección a periodistas, porque aseguran, en ese territorio no asesinan periodistas. El problema es que siguen sin entender que la protección no se limita sólo a que no asesinen a nadie… sea o no periodista.
Y la nula protección a periodistas sigue
Hace unas semanas se presentó un proyecto de iniciativa de ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para el Estado de Aguascalientes, que sigue adoleciendo de lo mismo. Es una mala copia de una mala ley que es vigente a nivel nacional.
Vuelven a calcar la pésima definición de periodista y vuelven a proponer un marco jurídico que se limita a crear mecanismos de reacción policiaca una vez que sucede la agresión.
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En Aguascalientes están como en otras entidades. Olvidan que la protección es, en principio, al ejercicio de la actividad profesional del periodismo y en automático se blinda a las personas que lo ejercemos.
Lo que deben incluir las leyes de protección protección a periodistas son garantías para que cada periodista o persona colaboradora pueda ejercer su actividad en condiciones de seguridad, de libertad, de acceso a la información y que haya garantías de atención ante agresiones, así como mecanismos para la reinserción de colegas que hayan sido víctimas de algún acto de violencia o de censura.
Este mes se cumplen 10 años de la entrada en operación del Mecanismo Federal y siguen sin entender cómo debería de ser esa protección a periodistas.
Pueden contactarme en Twitter, a través de:
Andrés Solís A. es periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia”.
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POB/JCSD
