Las autoridades de Puebla están desinteresadas en atacar la violencia contra periodistas, opinó Patricia Méndez, vocera de la Red Puebla de Periodistas.
Patricia Méndez planteó que ejemplo de la indiferencia hacia la violencia contra periodistas es que la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenía intención de reunirse con la Red Puebla de Periodistas, pero nunca se concretó.
En entrevista con Poblanerías.com, la vocera detalló que la red pidió que la solicitud se hiciera de manera formal a través de un oficio y la comisión, instalada en la gestión estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, dejó de insistir.
Otro ejemplo es el del diputado Rafael Micalco Méndez quien intentó hablar con la red, pero igual, no quiso hacerlo de manera formal. Esto ocurrió cuando impulsaba su reforma sobre la penalización a la difamación y la calumnia, afirmó la vocera.
Sobre el trabajo de la comisión, Patricia Méndez comentó que en dos o tres casos sí ha intervenido para atender las denuncias por violencia contra periodistas según las víctimas que también se acercaron a la red; sin embargo, no les dan seguimiento.
Recordó que tan sólo de enero a mayo de 2023, la red ha contabilizado ocho casos de violencia contra periodistas.
Fueron casos de violencia física, intimidación, denostación, detención arbitraria, abuso sexual, tortura, ataque a vehículo y asesinato. La violencia contra periodistas ocurrió en Tehuacán, Izúcar de Matamoros y Puebla, precisó.
La Red Puebla de Periodistas está preocupada por la falta de interés de las autoridades, especialmente con el inicio del proceso electoral, pues se prevé un incremento en la violencia contra periodistas.
Por lo anterior, la vocera consideró que las autoridades deben homologar el mecanismo de protección estatal con el federal al tener una mejor respuesta ante la violencia contra periodistas.
A esto se suma a que las autoridades locales no muestran interés en capacitar a los policías para disminuir los riesgos de agresiones, añadió.
No se siente el respaldo de autoridades estatales: Red
Natali Hoyos López, una de las reporteras que denunció ser víctima de tortura y abuso sexual por parte de policías municipales de Izúcar de Matamoros, dijo que no sintió el respaldo de la Fiscalía General del Estado (FGE) al denunciar su caso.
Contó que, primero percibió como las fiscalías especializadas se echaban la bolita sobre quien debía tomar el caso. Si la enfocada a violencia de género, la de derechos humanos o la resolvía asuntos de servidores públicos.
Fue la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que a la par tiene la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la que asumió el caso, pero a la vez generó una sensación de culpabilidad entre las víctimas, declaró Natali Hoyos.
Por lo anterior, es la Fiscalía General de la República (FGR) la que lleva la investigación; sin embargo, no hay avances significativos a medio año de los hechos.
Natali Hoyos opinó que sí hay cierto grado de complicidad entre las autoridades estatales y municipales de Izúcar de Matamoros, al ser del partido Morena, porque no hay progreso en las investigaciones.
Incluso, el entonces secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez pidió el teléfono de las víctimas luego de presentarse en un martes ciudadano en Izúcar de Matamoros junto con la presidenta municipal, Irene Olea Torres. Nunca las contactó, narró Natali Hoyos.
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En cambio, las patrullas suelen pasar cerca de su hogar y aceleran constantemente como una señal de intimidación. Viven con temor, acotó.
Violencia contra periodistas es ejercida por funcionarios
Puebla ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en agresiones a periodistas (con 18 casos) en el primer semestre de 2023 y los principales agresores fueron las autoridades estatales y municipales, alertó Pedro Cárdenas Casillas, coordinador de Protección de Article 19.
La situación en Puebla es grave y se da por diversos factores como la cobertura política y su propia ubicación, manifestó Pedro Cárdenas.
Si bien las autoridades están entre los principales agresores, no quiere decir que no haya particulares y crimen organizado que también agreda a la prensa, agregó.
En entrevista con Poblanerías.com, Pedro Cárdenas expresó que las investigaciones en contra de periodistas avanzan rápido, pero en las que los periodistas son las víctimas se mantiene estancadas y es así como se vive una justicia parcial.
A lo anterior se suma que no hay transparencia en el trabajo realizado por las comisiones estatales para proteger a los periodistas.
Ante este panorama, el coordinador de protección de Article 19, mencionó que es necesario crear políticas públicas preventivas de protección para periodistas.
Además, se tendrían que hacer capacitaciones para los cuerpos policiales y funcionarios públicos, enfatizó Pedro Cárdenas.
A la par, Article 19 también sugirió –en su último reporte– derogar normas que restrinjan de manera indebida y desproporcional el derecho a la libertad de expresión y la labor periodística, tales como “ultrajes a la autoridad”, “halconeo”, “delitos contra el honor”.
Así como legislar a favor de la labor periodística y la libertad de información, a través de normas que protejan el secreto de fuentes periodísticas.
Así como establecer salvaguardias legales para evitar un uso abusivo y frívolo de demandas por daño moral que sólo buscan inhibir, censurar el ejercicio periodístico, así como asfixiar económicamente a periodistas y medios de comunicación.
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POB/LFJ
