Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl son comunicadores y defensores de la comunidad indígena náhuatl de Santa María Zacatepec, ubicada en el municipio Juan C. Bonilla, en Puebla.
En el informe “México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, Amnistía Internacional señala que ambos han sido perseguidos y criminalizados por el estado por su activismo en contra de varios megaproyectos y la lucha por el reconocimiento de la autodeterminación de su pueblo indígena.
De acuerdo con Amnistía Internacional, fueron perseguidos por el Estado por su participación en la resistencia contra la contaminación del río Metlapanapa, resultado de la construcción de un sistema de drenaje de aguas residuales del Parque Industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.
El conflicto comenzó cuando, el 14 de agosto de 2019, la asamblea municipal, con la presencia del Presidente Municipal, regidores y presidentes auxiliares, junto con ingenieros de la obra, acordó no permitir la descarga de desechos tóxicos en el Río Metlapanapa.
A pesar de este acuerdo, el 24 de septiembre de 2019, maquinaria y trabajadores se presentaron en el lugar para iniciar la construcción del drenaje, resguardados por la policía federal y la Guardia Nacional.
El 27 de septiembre, los trabajadores intentaron nuevamente comenzar las labores, lo que llevó a que la comunidad bloqueara la carretera federal México-Puebla durante cinco horas, exigiendo la presencia del Presidente Municipal para aclarar la situación.
La respuesta del Estado ante esta protesta pacífica por la vida y el agua fue la represión, alerta Amnistía Internacional.
La Guardia Nacional y la policía estatal, que custodiaban la obra, colocaron barricadas en la carretera Puebla-México y utilizaron gas lacrimógeno contra los manifestantes.
Tras la represión, los manifestantes se retiraron del lugar. Miguel y Alejandro participaron en la protesta en calidad de comunicadores y simpatizantes, e incluso Alejandro transmitió en vivo en Facebook para documentar lo que estaba ocurriendo. Tanto la protesta como la represión se desarrollaron en un lapso de solo dos horas.
La situación se complicó aún más cuando Miguel fue detenido el 24 de enero de 2020 por agentes de la Fiscalía General del estado de Puebla.
Esto ocurrió cuando salía de una reunión en la Dirección de Gobierno del estado. Los agentes lo subieron a una camioneta polarizada y lo llevaron a la Fiscalía General del estado y posteriormente a la Casa de Justicia de San Bernardino Tlaxcalancingo.
En ese momento, Miguel fue acusado de varios delitos, incluyendo oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.
La orden de aprehensión se basó en declaraciones de funcionarios de la Comisión estatal de agua y saneamiento del estado de Puebla (CEASPUE) que afirmaron que Miguel y Alejandro participaron en la manifestación, eran líderes comunitarios y alentaron a la agresión contra las autoridades.
También se alegó que los pobladores incendiaron una camioneta propiedad de la CEASPUE. Sin embargo, no había pruebas que vincularan a Miguel y Alejandro con estos delitos, y no existían fotos, videos ni pruebas contundentes que los implicaran en la quema de la camioneta o en el uso de bombas molotov.
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A pesar de la falta de pruebas, a Miguel se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, lo que lo mantuvo en la cárcel durante seis días.
Finalmente, el 29 de enero de 2020, fue liberado después de una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula donde se decidió no vincularlo a proceso por los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra pública, aunque sí se le vinculó a proceso por el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Además, se le impuso la obligación de presentarse a firmar cada 15 días como medida cautelar.
El proceso legal continuó durante varios años, y el 1 de diciembre de 2022, la Primera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió un recurso de apelación presentado por la CEASPUE en contra de la no vinculación a proceso de los dos delitos que se habían retirado previamente a Miguel.
La CEASPUE argumentó que no había sido notificada adecuadamente del juicio y, por lo tanto, no había podido presentar sus pruebas. Esto significaba que el proceso de Miguel podría comenzar desde cero después de tres años.
Sin embargo, en una audiencia celebrada el 29 de marzo de 2023, la CEASPUE se retiró de su petición y otorgó el perdón por estos dos delitos.
A pesar de ello, la Fiscalía no aceptó el perdón, lo que llevó a otra audiencia el 26 de abril de 2023. En esta audiencia, finalmente se determinó que Miguel no era culpable de los delitos de ataques a la seguridad en los medios de transporte u oposición a que se ejecute alguna obra pública.
Además, se le concedió la suspensión condicional del proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación, lo que significa que Miguel debe firmar mensualmente durante seis meses y luego quedará completamente absuelto.
Esta solicitud de suspensión condicional del proceso había sido presentada previamente en cuatro ocasiones, pero había sido negada bajo diferentes argumentos.
La defensa de Miguel incluso presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla debido a que el responsable del área de medidas cautelares había insinuado que la evaluación del riesgo necesaria para la suspensión condicional “iba a salir negativa, ya que eran órdenes de arriba”.
Actualmente, Miguel debe continuar firmando durante seis meses hasta que sea completamente absuelto de los cargos. Por su parte, Alejandro Torres Chocolatl aún enfrenta una orden de aprehensión pendiente que podría ejecutarse en cualquier momento.
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