“Estas son órdenes de la jefa” dijeron policías de Izúcar de Matamoros, municipio gobernado por Irene Olea Torres, durante la detención arbitraria –en la que participaron aproximadamente 15 elementos– de Natalí y Michelle Hoyos López, periodistas de la región.
El 10 de marzo de 2023, tras un evento por el Día Internacional de la Mujer, las periodistas de Enlace Noticias fueron detenidas. Estaban acompañadas de la activista Citlali Soriano, de la colectiva Marea Púrpura, a quien llevaban a su casa cuando notaron que –por varias cuadras– los policías seguían su trayecto.
En entrevista con Poblanerías.com, Michelle Hoyos narra que casi de inmediato fueron interceptadas por patrullas y alrededor de 15 policías municipales, quienes de forma arbitraria comenzaron a gritarles que descendieran del vehículo, al mismo tiempo que abrían las puertas.
Natalí y los demás acompañantes fueron bajados a golpes y puestos en la parte trasera de la patrulla. Michelle, que en ese momento acababa de cumplir 18 años, gritó que era menor de edad. Solo así los policías municipales la dejaron en la cabina de pasajeros.
A pesar de identificarse como prensa y portar sus credenciales, fueron despojadas de sus derechos y llevadas a una subcomandancia fuera de la ciudad, donde continuaron los abusos.
Entre gritos y risas los policías les decían que la detención ‘eran las órdenes de la jefa’, refiriéndose a Irene Olea, la alcaldesa.
Las periodistas detenidas y sus acompañantes fueron trasladadas en total opacidad. Ninguno de ellos les dijo el motivo de la detención, les informó de sus derechos y mucho menos las dejaron comunicarse.
Fue un secuestro, comenta Natalí, pues les quitaron sus pertenencias y las tuvieron incomunicadas por unas seis horas. Cuando llegó a la comandancia donde fue recluida, Natalí pasó a revisión con la policía del turno.
La encargada le quitó las esposas, la obligó a desnudarse y le pidió hacer sentadillas para como parte del proceso de revisión. Bajo esa presión, Natalí accedió. Mientras era revisada, señala que la policía tocó sus genitales de forma lasciva. Estaba siendo víctima de abuso sexual.
“Desde ahí, fuimos privadas de la libertad, nos dejaron incomunicadas, fuimos humilladas, golpeadas torturadas, incluso nos hicieron que nos desvistiéramos la parte inferior de nuestro cuerpo donde nos hicieron tocamientos lascivos, nos hicieron que hiciéramos una sentadilla para ver si no teníamos nada”, contó.
Luego de seis horas incomunicadas, los familiares de las víctimas pagaron multas de mil 900 pesos por “maltratar o ensuciar la ciudad” y las dejaron en libertad.
Para Natalí, la agresión también es un ataque contra la libertad de expresión, pues mientras eran detenidas los policías les decían que esa iba a ser “una buena nota”, pues ellas trabajan para el medio Enlace Noticias, que ha sido crítico de la administración de Irene Olea en Izúcar de Matamoros.
Las hermanas lamentaron que tipo de situaciones ocurran en un municipio que cuenta con Alerta de Género, donde gobierna una mujer “y esta misma manda a violentar y a humillar y reprimir a un grupo de mujeres”.
A partir de ese momento, las periodistas agredidas han emprendido un camino legal para que los servidores públicos que participaron en los hechos sean sancionados.
No obstante, se han enfrentado a la revictimización, a ser cuestionadas de si “merecían o no”, el trato de los policías, pero sobre todo, a tener que revivir una y otra vez lo que pasó.
Tuvieron que recurrir a la autoridad federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se diera seguimiento. Las víctimas fueron sometidas a diversas pruebas, entre ellas, el Protocolo de Estambul, en la que se comprobó que existe un daño ocasionado por la tortura psicológica.
Aún con esos elementos, y de haber iniciado carpetas de investigación en contra de los funcionarios públicos, la organización del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros continúa laborando de forma normal. Es decir, los implicados no fueron sancionados, ni separados del cargo y continúan en activo.
El proceso, que ya está judicializado, avanza lento. Por una parte, la defensa ha recurrido a prácticas dilatorias para retrasar audiencias; mientras que el otro, personal del Poder Judicial ha señalado tener una carga de trabajo excesiva que no le ha permitido agilizar los trámites.
Pese a todo, Natalí y Michelle se mantienen firmes. “Nosotras no vamos a descansar hasta tener justicia y que por este hecho no haya impunidad”.
Escucha la entrevista con Natalí y Michelle
Entrevista: Lizeth Flores Jácome
Asistencia: Daniela Jiménez y Mauricio Meléndez
Fotografía: Juan Carlos Sánchez / La Resistencia
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POB/LFJ
