Este martes 16 de julio se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial contra los servidores públicos de Izúcar de Matamoros acusados de torturar a las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López luego de detenerlas por una cobertura periodística que realizaron el 10 de marzo de 2023 en el marco del Día Internacional de la Mujer.
En la audiencia referida, la jueza encargada del caso, identificado como la causa 801/2023, decidirá si los vincula o no a proceso por el delito de tortura, así como por abuso de autoridad.
El pasado 11 de julio se presentaron más de cien pruebas contra los imputados, entre exámenes periciales y análisis de grafoscopia.
Ello con la finalidad de acreditar que los funcionarios acusados alteraron documentos con el propósito de justificar la aprehensión de las comunicólogas.
Eso hizo que la audiencia inicial tardará alrededor de 14 horas, pues poco a poco la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión fue mostrándolos los datos de prueba contra los presuntos agresores.
Antes de que la jueza diera la prórroga de 144 horas para continuar la audiencia con los alegatos de los imputados, la Fiscalía en cuestión pidió prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de las periodistas.
No obstante, la jueza rechazó dicha solicitud bajo el argumento de que ha percibido buena disposición en los acusados para acudir a las audiencias y descartó riesgo de fuga.
En sustitución, la magistrada estableció una garantía económica de seis mil pesos para cinco de los seis imputados, así como firma periódica y no acercarse a 100 metros de las presuntas víctimas.
Ello a pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión subrayó la urgencia de la prisión preventiva justificada tras el asesinato de María del Socorro Barrera, testigo protegida en el caso.
Asimismo, la defensa de las periodistas señaló que un comandante de la Guardia Nacional dictaminó que los acusados tenían un riesgo medio de poder darse a la fuga por los ilícitos que se les atribuyen, pero los abogados de estos negaron dicho señalamiento.
Antecedentes de agresiones a periodistas
Han pasado 16 meses desde que las comunicólogas de la zona de la Mixteca fueron retenidas e incomunicadas hasta por seis horas en la comandancia de la colonia Rancho Juanitos en Izúcar de Matamoros.
Ello después de ser señaladas de supuestamente dañar parte del patrimonio municipal tras cubrir una intervención feminista por el Día Internacional de las Mujeres.
Desde entonces, las periodistas han exigido justicia, pero el caso tuvo que ser llevado a instancias federales tras los nulos avances en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.
A partir de enero de este año, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a atender de manera personal la carpeta de investigación.
Así, la funcionaria comunicó que el caso fue judicializado para que ya hubiera una audiencia de formulación de imputación.
Tras diversos aplazamientos por parte de los acusados, en mayo se llevó a cabo la audiencia inicial por falsedad de declaraciones a autoridades y ejercicio indebido de funciones, que terminó en la vinculación a proceso a 11 funcionarios de Izúcar de Matamoros.
Ahora, son seis las personas imputadas, entre ellas, cinco policías y el juez de paz, quien ha sido señalado de no tener el título y la cédula de abogado al momento de determinar una sanción administrativa contra las periodistas.
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POB/LFJ
