Si alguna vez has sido víctima de un asalto, estafa o has enfrentado la desaparición de un ser querido, sabes cuán complicado, tardío y burocrático es el acceso a la justicia en México.
El Poder Judicial, uno de los órganos más importantes del país, ha sido acusado históricamente de corrupción, ineficiencia y elitismo. Creer que cambiar a los representantes actuales por personas “honestas“, según los requisitos planteados, provocará la erradicación total de la corrupción y garantizará la imparcialidad en la impartición de justicia es soñar despierto.
Reforma al Poder Judicial, la primera de muchas
La idea de que reemplazar a los actuales representantes del Poder Judicial por personas “honestas” mediante una elección popular erradicará la corrupción y garantizará la imparcialidad en la impartición de justicia es una ilusión.
Esta no es, ni será, la primera ni la última reforma al Poder Judicial, ya que la moral y la sociedad evolucionan con los contextos históricos y sociales.
Reconozco la iniciativa del Presidente López Obrador y su grupo parlamentario, pues han puesto en el centro del debate un problema fundamental: el acceso a la justicia.
No obstante, la urgencia de aprobar la reforma durante este sexenio ha llevado a encapsular más de 100 años de historia en una propuesta incompleta y superficial.
Esta propuesta no aborda los aspectos técnicos ni los procesos jurídicos que deben seguir las fiscalías y órganos locales para garantizar la correcta ejecución de sentencias, permisos, trámites y resoluciones.
Ante la inevitable aprobación de esta reforma al Poder Judicial, sería importante ver cómo la suspensión de los amparos generales permitirá alcanzar un bien colectivo ante las controversias constitucionales, pues se enfrenta el bienestar común, la pronta impartición de justicia y los intereses del gobierno.
Voto popular: ¿la solución definitiva?
La elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces no debe verse como la única vía para mejorar la impartición de justicia en México.
Aunque esta propuesta puede acercar a la sociedad al Poder Judicial y combatir el nepotismo, es indispensable que esté acompañada de reformas jurídicas que agilicen los procesos legales.
A pesar de que el Poder Legislativo y Ejecutivo son elegidos por voto popular, los casos de corrupción y falta de transparencia persisten. La reforma al Poder Judicial permitiría que la sociedad conozca públicamente los posicionamientos y acciones de sus representantes legales, siendo la primera en alzar la voz ante cualquier caso inmoral.
Otro punto de la reforma es la eliminación de las dos Salas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo que podría obstaculizar la creación de jurisprudencias y sentencias al priorizar la velocidad sobre la discusión de los temas, afectando el proceso de resoluciones y la generación de jurisprudencia.
Impacto presupuestal y logístico de la reforma judicial
Es necesario reconocer que, aunque el Poder Legislativo y el Ejecutivo son escogidos por voto popular, los casos de corrupción, nepotismo y falta de transparencia siguen existiendo. No hay certeza de lo que pasará con los órganos jurisdiccionales una vez que se elijan ministros, magistrados y jueces por medio del voto popular.
La reducción del número de ministros de 11 a 9 no presenta un cambio relevante en el orden logístico del Poder Judicial; no obstruye ni estanca la impartición de justicia, pero sí provocaría una disminución en los altos costos que implica tener ministros.
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Por ejemplo, en 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo redujo de 26 a 11 ministros bajo el argumento de que, entre más personas hubiera en la Corte, sería más complejo llegar a una solución, ya que todos priorizaban intereses personales o corrientes políticas.
Se argumenta que la reforma al Poder Judicial generará ahorros al eliminar beneficios y fideicomisos de ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, no se ha considerado el costo de realizar elecciones federales y regionales para escogerlos, lo cual podría ser incluso mayor que el de una elección presidencial.
Según la reforma, los candidatos a ocupar un cargo de juez, magistrado o ministro tendrán prohibido recibir financiamiento privado, realizar campaña fuera de los espacios otorgados por el INE en radio y televisión, asociarse con partidos políticos o hacer proselitismo a favor de candidatos a puestos de gobierno.
Aunque se busca evitar la asociación política, recordemos que en la boleta aparecerá si el candidato es propuesto por el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados o el Poder Judicial.
Repercusiones de la reforma al Poder Judicial
Uno de los argumentos en contra de la reforma es que personas sin experiencia ni conocimientos jurídicos podrían acceder a cargos importantes.
No obstante, este señalamiento ha sido rechazado al mostrar los requisitos para postularse al cargo, así como los procesos que tendría que cumplir el Senado, y los nuevos órganos que se planea crear, como el Instituto Nacional Electoral y de Consulta y el Órgano de Administración Judicial.
Otro argumento es que las personas no cuentan con la capacidad para votar por los perfiles más preparados, sino que seguirán una línea política o votarán por el más popular.
Estos comentarios provienen –en su mayoría– de personas en un entorno privilegiado que no comprenden la realidad social de más del 60% de la población mexicana. Este argumento puede complementarse con la apatía social por involucrarse políticamente, como se observa en la baja participación en elecciones intermedias.
Adiós al Consejo de la Judicatura
Un punto controversial, pero que podría resultar eficiente, es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que es presidido por el titular de la Suprema Corte de Justicia, lo que –hasta cierto punto– su autonomía.
Sería incongruente que la titular del consejo se engañe a sí misma y a los ministros por su ineficiencia. En su lugar, se propone crear el Órgano de Administración Judicial, que cumplirá con los mismos objetivos, pero estará encabezado por miembros propuestos por el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá automía y un carácter firme y sancionador.
Los salarios de jueces, magistrados y ministros
Por último, se debate si los salarios de jueces, magistrados y ministros son justos o no.
Se les remunera por ser altamente capacitados en temas específicos de justicia en el país, por lo que un buen sueldo podría ser el incentivo perfecto para garantizar su correcto desempeño.
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Sin embargo, la premisa de que nadie en un órgano público puede ganar más que el presidente se cuestiona cuando se aplica a estos funcionarios, quienes además de su sueldo, reciben financiamiento por fideicomisos y bonos especiales.
El criterio de reducción de sueldos fue propuesto desde el sexenio de Vicente Fox, pero no se ejecutó hasta la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Conclusión
Quizá, lo que hoy enfrentamos podría haber tenido un final menos alarmante si el Poder Judicial hubiera escuchado las intenciones del Ejecutivo mencionadas hace más de un año.
La falta de negociación ha provocado lo que hoy es prácticamente un hecho. A unas semanas de la votación, solo me queda decir que, como ciudadano, espero que la decisión tomada sea la adecuada.
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POB/LFJ
