Con 36 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso de Puebla aprobó la llamada “Ley Carpi“, cuyo objetivo principal es garantizar atención médica gratuita y permanente para las víctimas de delitos en el estado.
La ley se inspiró en el caso de Felipe Carpinteyro, un rescatista de animales que, en junio de 2022, recibió varios disparos tras retirar dinero de un banco en la colonia Universidades. El ataque lo dejó en una silla de ruedas, además de causarle serias afectaciones de salud, ya que uno de los proyectiles le atravesó el pulmón y otro el riñón.
En su momento, José Antonio Martínez, entonces titular de la Secretaría de Salud, informó que Felipe fue sometido a una operación para salvarle la vida y permaneció internado durante varios días.
Exactamente un año después del atentado, Oswaldo Jiménez López, diputado local de Acción Nacional propuso modificar la Ley de Víctimas del Estado para obligar al gobierno a proporcionar medicamentos y atención continua a quienes sufran lesiones o daños como resultado de un acto violento.
Aunque la iniciativa estuvo “congelada” por algún tiempo, esta semana fue discutida y aprobada en la Comisión de Procuración y Justicia del Congreso local.
Durante su presentación en el Pleno, el diputado suplente José Miguel Espinoza de los Monteros Gil explicó que la “Ley Carpi” garantiza atención médica inmediata y permanente, derecho a una atención integral, y la obligación de proporcionar citas médicas en un plazo máximo de cinco días.
Asimismo, la ley incluye rehabilitación, suministro de material médico y procedimientos que aseguran la entrega de servicios gratuitos a las víctimas de delitos.
El legislador del PAN subrayó que la atención a las víctimas de violencia es frecuentemente inadecuada: “Es común que las personas que sufren violencia no reciban atención médica inmediata y permanente en los hospitales”.
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Espinoza de los Monteros Gil agradeció a la 61 Legislatura por el apoyo a la reforma, especialmente a su titular, Oswaldo Jiménez López, e hizo una mención especial a Felipe Carpinteyro.
Por su parte, José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente, expresó su solidaridad con Felipe, señalando que ambos comparten un origen común en su discapacidad, ya que Huerta Rodríguez también sufrió un atentado en 2017 en su municipio de origen, Xicotepec, lo que le ocasionó daños en la columna vertebral.
Tras la aprobación de la reforma a los artículos 26 y 31 de la Ley de Víctimas del Estado, Felipe Carpinteyro compartió que, mensualmente, enfrenta gastos de alrededor de 35 mil pesos en medicinas y fisioterapias.
“Estos son gastos muy fuertes”, comentó. “Por ejemplo, orinar me cuesta aproximadamente 50 pesos cada vez, y una persona orina unas 10 veces al día”, explicó.
En entrevista, Felipe expresó su deseo de que la ley que lleva su nombre no se quede solo en el papel. Esta ley entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
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POB/LFJ
