Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 cada agente del Ministerio Público (MP) en Puebla tuvo que atender, en promedio, 256.4 carpetas de investigación.
Esto significa que, por cada agente del MP, hay más de 250 investigaciones que deben gestionarse anualmente, lo que puede afectar el tiempo de resolución de los casos y la capacidad de respuesta del sistema de justicia.
Implicaciones de la sobrecarga en los MP
De acuerdo con la estadística de INEGI, la proporción de 1 ministerio público por cada 256.4 carpetas de investigación implica que los agentes del MP tienen poco tiempo para dedicarse a cada caso, lo que puede derivar en retrasos en las investigaciones.
Además, la carga de trabajo puede generar acumulación de casos, afectando tanto la calidad de las investigaciones como la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia del sistema de justicia.
En comparación con otras entidades en términos de carga de trabajo por agente del MP, Puebla se ubica en una posición intermedia.

Estados como Baja California o Colima reportan una mayor saturación, con más de mil carpetas por agente, mientras que entidades como Yucatán o Chiapas tienen una carga significativamente menor.
De acuerdo con el INEGI, Puebla se encuentra en el noveno lugar entre los estados con más carpetas de investigación pendientes, con un total de 83 mil 789 casos. Este número coloca a Puebla detrás de entidades como Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León y Baja California, lo que refleja un problema de acumulación de casos que debe ser atendido para mejorar la eficiencia del sistema judicial.
Desconfianza en la Fiscalía de Puebla
La Fiscalía General del Estado de Puebla presenta uno de los niveles más bajos de confianza entre los ciudadanos.
Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021, elaborado por Impunidad Cero, la Fiscalía de Puebla se ubicó en el último lugar, con una calificación de 36 puntos de 100. Además, la confianza de los ciudadanos en esta institución es del 6.2 %, una de las cifras más bajas a nivel nacional.
El informe de Impunidad Cero señala que el 36 % de los delitos denunciados en Puebla tardan más de cuatro horas en ser atendidos, lo que afecta la disposición de los ciudadanos a denunciar delitos.

Este retraso en la atención se suma a la baja confianza en el sistema de justicia, lo que a su vez contribuye a que muchas personas decidan no reportar delitos, incrementando la percepción de impunidad.
Baja probabilidad de esclarecimiento del delito
La probabilidad de esclarecer un delito en Puebla es de 0.76 %, según el mismo informe de Impunidad Cero. Este porcentaje coloca a Puebla entre las diez entidades con menor capacidad para resolver casos.
En comparación, las fiscalías con mejores resultados, como las de Guanajuato, Baja California y Chiapas, tampoco superan el 3 %, lo que evidencia una situación generalizada en el país. A nivel nacional, ninguna fiscalía tiene una probabilidad de esclarecimiento superior a este porcentaje.
En cuanto a los homicidios dolosos, Puebla tiene una impunidad del 96.6%, lo que significa que solo cuatro de cada 100 homicidios resultan en una sentencia condenatoria.

Con este porcentaje el estado de Puebla está entre los estados con mayores niveles de impunidad en este delito, detrás de entidades como Morelos, Oaxaca y Guerrero.
Recursos y eficiencia de la Fiscalía
A pesar de los retos que enfrenta la Fiscalía General del Estado de Puebla, es una de las instituciones con mayor presupuesto en la entidad.
En 2024, recibió mil 521 millones de pesos, lo que la convierte en el órgano autónomo con más recursos a su disposición. Sin embargo, a pesar de estos recursos, el fiscal ha solicitado más presupuesto para 2025, alegando un déficit en personal, incluyendo agentes, peritos e investigadores.
Actualmente, el 82% del presupuesto anual de la Fiscalía se destina a servicios personales, es decir, al pago de los trabajadores, mientras que el resto se distribuye entre servicios generales, materiales y suministros
Por ahora, la Fiscalía cuenta con –aproximadamente– 600 agentes investigadores para más de 60 mil delitos que se han registrado durante 2024.
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POB/LFJ