La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro del debate político en México tras su votación de octubre de 2024, en la que decidió admitir la revisión de la reforma al Poder Judicial.
Ocho ministros votan por revisar Reforma al Poder Judicial
Con una votación de ocho ministros a favor y tres en contra, la SCJN aprobó revisar la constitucionalidad de esta reforma, que fue promovida y aprobada previamente por el Congreso, pero ha sido fuertemente cuestionada por diversas organizaciones y actores políticos.
La reforma plantea, entre otras cosas, la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, lo que ha generado un amplio debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes en México.
El proyecto de revisión fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso que la SCJN tiene la facultad de analizar la constitucionalidad de esta reforma bajo las controversias constitucionales, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aunque la votación no implica una sentencia definitiva sobre la reforma, abre la puerta a la posibilidad de que sea invalidada si se considera que vulnera la autonomía del Poder Judicial.
La votación ha generado tensiones dentro del pleno de la Corte, por un lado, la ministra Margarita Ríos Farjat, quien votó a favor de la revisión, defendió la decisión como una oportunidad para fortalecer el derecho constitucional mexicano, señalando que el análisis de reformas constitucionales es fundamental para garantizar la independencia judicial.
En contraste, la ministra Lenia Batres, quien votó en contra junto con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, alertó que frenar la reforma podría interpretarse como un “golpe de Estado” al Poder Legislativo, ya que el Congreso representa la voluntad popular y detener su reforma podría verse como una intervención indebida de la Corte en el proceso legislativo.
Fuera de la Corte, la decisión también ha provocado reacciones mixtas. Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Cámara de Senadores, calificó la decisión de la SCJN como un acto de “supremacía” que va en contra del pueblo y la voluntad popular, afirmando que nada detendrá la elección de jueces y magistrados programada para junio de 2025.
En cambio, trabajadores del Poder Judicial y diversas organizaciones sociales han celebrado la votación, considerando que garantiza un análisis profundo y necesario sobre los cambios que podrían comprometer la independencia de los jueces y magistrados.
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La reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas más divisivos en el actual gobierno. A pesar de que fue aprobada por el Congreso, muchos consideran que introducir el voto popular para la elección de jueces y magistrados podría politizar el sistema judicial, debilitando su imparcialidad y autonomía.
Por otro lado, quienes apoyan la reforma argumentan que esta permitirá mayor transparencia y representación ciudadana en el sistema judicial, que históricamente ha sido criticado por corrupción y falta de acceso a la justicia.
La Corte aún no ha emitido una sentencia final, y el análisis de la reforma podría prolongarse en los próximos meses. El fallo definitivo determinará si la SCJN avala o invalida la reforma, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro de la justicia en México y en las elecciones de 2025.
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POB/MMM