La reciente insaculación hecha por el Senado de la República para definir 711 plazas de jueces y magistrados perjudica el derecho de las personas que obtuvieron una vacante inamovible en el Poder Judicial vía los concursos de asignación.
Así lo advirtió el maestro Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
En entrevista para Poblanerias.com, el catedrático señaló que el primer paso o filtro de la reforma al Poder Judicial atenta contra quienes no han concluido sus plazos laborales y, por lo tanto, generará un problema de legalidad.
“Ahí, el primer problema que advertimos es que estos órganos jurisdiccionales tienen personas que hoy en día tienen una ratificación bajo el sistema de concursos y que estarán siendo afectados por esta elección, porque tendrían que respetarse la designación que ellos tuvieron hasta el fin de sus periodos”, dijo.
Otro riesgo identificado por el académico de la Ibero es que se deje de lado la preparación o trayectoria de los aspirantes y, en lugar de ello, se prioricen los perfiles ideológicos de las personas juzgadoras.
Explicó que la gente no tendrá la disposición para revisar los méritos de todos los finalistas, por lo que basará su voto o elección en las recomendaciones o propuestas hecha por los funcionarios en el poder.
“El riesgo que ahora vemos es que se termine partidizando la impartición de justicia, que no queden mejores perfiles, sino las personas con más capacidad para movilizar a otras personas”, declaró.
Agregó que los requisitos básicos para formar parte del Poder Judicial son fáciles de cubrir, pues se piden cinco años de experiencia y tener una licenciatura en Derecho.
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El especialista de la Ibero manifestó su temor de que los agentes económicos o hasta el crimen organizado puedan influir en las elecciones de las personas juzgadoras.
Por otra parte, externó su preocupación acerca de que el cambio abrupto en las dinámicas del Poder Judicial genere un colapso en los casos que actualmente están en curso.
Es oportuno recordar que, tan solo en Puebla, el paro de labores en el sexto circuito, ha ocasionado la suspensión en la resolución de más de 60 mil expedientes, además del aplazamiento de decenas de audiencias.
Si bien reconoció que se requieren cambios en el Poder Judicial, por ejemplo, la mejora en las condiciones de las recargas de trabajo o la profesionalización en la atención, también expresó que la reforma puede jugar en contra de la calidad de justicia.
Lo anterior en virtud de que su puesta en marcha ha sido muy apresurada y sin cuidar todos los detalles logísticos para su efectividad.
El académico de la Ibero hizo un llamado a los tres poderes de la Unión para tener un “diálogo republicano”, pues sostuvo que ha habido poca colaboración entre dichos poderes.
Por lo que respecta a los sistemas de justicia que los políticos de Morena tomaron como referencia para la reforma al Poder Judicial, es decir, Estados Unido y Bolivia, acotó que el primer caso corresponde a un modelo distinto, el cual es híbrido.
Ello significa que no todos los jueces son electos por voto popular, solamente los estatales, pues jueces federales se designan vía el Senado o el titular del ejecutivo.
En cuanto a Bolivia, explicó que su volumen de personas juzgadoras es menor que el de México y recordó que en su segunda votación, registró el 70 por ciento de abstencionismo, lo que deja ver una crisis de legitimidad.
Fueron 350 plazas de magistrados y 361de jueces las que se definieron por el método de insaculación en el Senado de la República. A dichas cifras, se sumarán otros 139 cargos que están vacantes, pero que no se asignan por sorteo.
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