Se dio a conocer que un total de 34,156 personas se registraron para la elección judicial de 2025, en donde el Poder legislativo registró un total de 11,904 aspirantes, el Poder Ejecutivo sumo 18,447 candidatos y el Poder Judicial 3,476 aspirantes.
Elección Judicial de 2025 ¿Cuántos aspirantes se registraron?
Cada poder (legislativo, ejecutivo y judicial) cuenta con un comité de evaluación, en el cual los aspirantes realizaron su inscripción para poder competir en las primeras elecciones judiciales del país. En donde la ciudadanía elegirá a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros.
De acuerdo con la lista del Comité de evaluación del Poder Judicial, se registraron 3, 805 aspirantes, de los cuales 127 son poblanos.
- Magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito (43)
- Jueces y juezas de circuito (80)
- Magistradas y magistrados de tribunales colegiados de apelación (4)
También se informó que en esta lista figuran el actual fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, y Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y colaborador con diversas organizaciones en defensa de los derechos, quienes se registraron como aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A diferencia del Poder Judicial, los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo únicamente presentaron las cifras totales, sin proporcionar una lista detallada.
A partir de ahora, los Comités de Evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen hasta el 14 de diciembre para verificar que los aspirantes inscritos cumplan con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad.
El 15 de diciembre, deberán publicar el listado de aspirantes que cumplen con estos requisitos, mientras que el 31 de enero de 2025 será el plazo final para calificar la idoneidad de los candidatos y emitir el listado de los elegibles.
Finalmente, el 4 de febrero de 2025 será la fecha límite para que los Comités de Evaluación realicen el proceso de insaculación pública o tómbola, ajustando el número de postulantes a cada cargo.
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¿Qué hace un juez de circuito?
Un juez de circuito es un juez federal que pertenece al Poder Judicial de la Federación en México. Su principal función es resolver asuntos relacionados con amparos indirectos y juicios ordinarios federales. Los amparos indirectos son mecanismos legales mediante los cuales las personas pueden impugnar actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos humanos, protegidos por la Constitución.
Estos jueces tienen competencia en diversos temas, como derecho administrativo, civil, laboral, mercantil y penal, dependiendo de la materia que se les asigne.
Además, los jueces de circuito también son responsables de garantizar que las leyes federales se apliquen correctamente en los casos que se les presentan. Sus decisiones pueden ser revisadas por los tribunales colegiados de circuito, si alguna de las partes interpone un recurso de revisión.
¿Qué hace un magistrado de tribunales colegiados de circuito?
Un magistrado de tribunales colegiados de circuito se encarga principalmente de resolver recursos de revisión, que son apelaciones a las resoluciones emitidas por los jueces de circuito.
Estos magistrados forman parte de un cuerpo colegiado compuesto por tres integrantes, lo que asegura que sus decisiones sean tomadas de manera colegiada y no unilateral. Los asuntos que resuelven suelen tener una gran importancia jurídica, ya que en muchos casos establecen precedentes vinculantes para otros tribunales.
Además, estos magistrados son responsables de resolver conflictos entre autoridades judiciales de su circuito, así como de analizar la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad a través de la revisión de amparos indirectos.
¿Qué hace un magistrado de tribunales de apelación?
Un magistrado de tribunales de apelación forma parte del sistema de justicia penal en México y su principal función es revisar las sentencias dictadas por los jueces de primera instancia en los procesos penales.
Estos magistrados tienen la facultad de confirmar, modificar o revocar las resoluciones apeladas, asegurando que los juicios se hayan llevado a cabo conforme al debido proceso y las leyes aplicables.
Además, son responsables de analizar las pruebas y argumentos presentados en la apelación, valorando si hubo errores de procedimiento o de interpretación jurídica.
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POB/MMM
