Puebla se ha posicionado como una de las tres entidades del país que, junto con Jalisco y Quintana Roo, cuenta con un sistema completo de herramientas anticorrupción.
Así lo aseguró la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, Eira Zago Castro, en su informe de actividades realizadas a lo largo del último año.
Desde el Centro Expositor, destacó que Puebla tiene una política estatal Anticorrupción integral, así como un programa de implementación, un modelo de seguimiento y un anexo transversal Anticorrupción.
Ese último concepto consiste en un instrumento para identificar y cuantificar la distribución de recursos públicos destinados a la atención de grupos específicos de la población. Se lleva a cabo en sinergia con la Secretaría de Planeación y otros 17 entes públicos.
Por otra parte, Zago Castro dijo que ella y su equipo de trabajo se han apegado a los ejes rectores del sistema que son legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia, equidad, transparencia, integridad y competencia por mérito en el marco de la política nacional Anticorrupción.
En el informe también se resaltó que Puebla es la demarcación del país que más datos reporta al sistema de datos de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
Asimismo, 104 municipios han sido incorporados a la plataforma digital del Sistema Anticorrupción, lo que equivale a casi el 48 por ciento del territorio poblano.
77 servidores públicos fueron vinculados a proceso
En materia de rendición de cuentas, el Comité de Participación Ciudadana remitió 397 informes individuales correspondientes a la cuenta pública 2022.
Asimismo, generó 865 pliegos de observaciones, 225 solicitudes de aclaración, 694 recomendaciones y 153 promociones de responsabilidad administrativa.
En colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ayudó a que iniciarán 686 carpetas de investigación, así como 150 expedientes de atención temprana.
Además, logró que se determinaran mil tres carpetas de investigación, que tienen a 77 personas o servidores públicos vinculados a proceso. De esa cifra, siete personas fueron detenidas en flagrancia.
Por otro lado, obtuvo cinco sentencias condenatorias, en las cuales se instruyó a pagar a los sentenciados la cantidad de 20.3 millones por concepto de reparación de daños.
Para finalizar, participó en la implementación de 17 mandamientos judiciales, de los cuales 12 fueron órdenes de aprehensión, tres de reaprehensión y dos citatorios a comparecencias.
Difusión de valores anticorrupción y consolidación de Observatorio de compras públicas
En otro orden de ideas, se mencionó que el Comité de Participación Ciudadana celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura para fomentar un concurso audiovisual sobre el combate a la corrupción.
El concurso en cuestión consistió en la recepción de cortometrajes hechos por jóvenes, los cuales fueron proyectados en la Cinemateca Luis Buñuel de Casa de Cultura.
Igualmente, se promovió la difusión de un diccionario pedagógico, diseñado con un lenguaje asequible, en las universidades y organizaciones, tanto públicas como privadas.
En cuanto al seguimiento de observatorios ciudadanos, el Comité mencionó la consolidación del Observatorio de compras públicas para evaluar el índice de riesgos de corrupción en contrataciones públicas.
Abundó que, actualmente, el comité monitorea los contratos celebrados en seis municipios: Tehuacán, Atlixco, Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula.
Por otra parte, puso en marcha un laboratorio juvenil en sinergia con estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, llamado Verifitivos.
Acerca de la promoción para fortalecer la cultura de la denuncia y la legalidad, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado comenzó el diseño de una guía para el periodismo de investigación.
Ello en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, que analiza las notas de la prensa sobre presuntos actos de corrupción, las cuales coadyuvan a iniciar la apertura de expedientes de atención temprana.
Otro aspecto mencionado en el informe fue la actualización del código de ética para los servidores públicos de Puebla, la capacitación a 12 mil 149 trabajadores de Contraloría Social y la implementación de una red de quejas y denuncias en 396 inmuebles gubernamentales.
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POB/LFJ
