El segundo mandato del presidente Donald Trump dio inicio con una serie de órdenes ejecutivas en temas como energía, indultos, aranceles, género y comunidad LGBT, migración y narcotráfico.
De acuerdo con el New York Times, algunas órdenes ejecutivas de Trump podrían enfrentar desafíos legales y resultar difíciles, e incluso imposibles, de implementar.
Sin embargo, su fuerte narrativa nacionalista fue un factor clave en su victoria electoral, y de esta narrativa se deriva su agenda antimigratoria.
Minutos después de que Trump prestara juramento, su administración canceló el programa gubernamental CBP One, el cual fue creado por su predecesor y permitía a los migrantes conseguir citas para ingresar a Estados Unidos.
Esta medida dejó en el limbo a aproximadamente 30,000 migrantes.
También se tomaron medidas para bloquear el paso a solicitantes de asilo y cerrar la frontera a quienes buscan protección en Estados Unidos.
Por otra parte, el gobierno argumenta que los cruces fronterizos ilegales plantean un problema de seguridad nacional y salud pública.
Además, Trump firmó una orden que otorga a los militares un papel explícito en la aplicación de la Ley de Inmigración.
En otra orden emitida, el mandatario declaró que su gobierno no trataría como ciudadanos estadounidenses a todos los niños nacidos de madres indocumentadas o con visa temporal si el padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente.
Esta medida ignora por completo la garantía constitucional de tener ciudadanía por nacimiento, lo que en todo caso implicaría un cambio a la Enmienda 14, que tiene 157 años de antigüedad.
CBS News informa que el gobierno de Trump amplió drásticamente el alcance de las deportaciones aceleradas, esto permite a los funcionarios de inmigración deportar rápidamente a aquellos inmigrantes que no solicitan asilo o que no demuestren tener un caso legítimo de asilo.
¿Qué implicaciones tiene para México las medidas antimigratorias?
La cancelación del programa CBP One y el cierre de fronteras, junto con el aumento del control militar, han dejado a cientos de migrantes varados en la frontera norte de México, quienes, esperaban su cita para ingresar a Estados Unidos. Esta situación se agrava aún más con la deportación inminente de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades.
Este contexto expone a los migrantes a condiciones peligrosas y de vulnerabilidad ante el crimen organizado.
¿México debe convertirse en un tercer país seguro?
México, sin haberlo acordado formalmente, se convierte en una especie de “tercer país seguro”. Según IMUMI, un acuerdo de este tipo implicaría que México asuma una carga desmedida en la gestión de solicitudes de asilo, desviando la responsabilidad que debería ser compartida con Estados Unidos.
Además, no hay una base aceptable para considerar a México como un “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo, pues México enfrenta altos niveles de violencia, un preocupante historial de violaciones a los derechos humanos y una falta de infraestructura adecuada para albergar y proteger a los migrantes. Si quieres leer más al respecto haz clic aquí.
Por otro lado, el tema de la ciudadanía. Para abordar esta cuestión, sería necesaria una reforma a la Constitución, lo que implica que debe ser aprobada por el Congreso.
Actualmente, estados demócratas y organizaciones pro-migración están trabajando para evitar que esta reforma se lleve a cabo.
Si se llegara a aprobar, las consecuencias de eliminar la ciudadanía serían severas, ya que implicaría la pérdida de acceso a derechos fundamentales para muchos de nuestros connacionales, incluyendo los servicios públicos.
Política de Narcotráfico
Donald Trump instó al Departamento de Estado a clasificar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Esta medida busca equiparar a los cárteles con organizaciones ya designadas como terroristas, por ejemplo, Al Qaeda y el Estado Islámico, lo que podría abrir la puerta a una intervención militar en México, así lo narra Reuters.
Históricamente, las intervenciones estadounidenses en el extranjero para combatir el terrorismo han tenido consecuencias negativas para la población local, a menudo exacerbando problemas en lugar de resolverlos.
En este contexto, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas podría llevar a un uso más agresivo de la fuerza militar estadounidense en suelo mexicano, acciones que, de llegar a suceder, estarían violando la soberanía mexicana y tensarían aún más las relaciones entre ambos países.
La historia ha demostrado que las estrategias de combate al narcotráfico basadas en la militarización (Calderón y la guerra contra el narcotráfico) tienden a fallar.
En lugar de abordar las causas profundas del problema, estas intervenciones suelen perpetuar un ciclo de violencia y desestabilización. Por lo tanto, es crucial considerar enfoques alternativos que prioricen el desarrollo social y económico en lugar del uso excesivo de la fuerza.
Diálogo Constructivo
Las políticas que busca implementar Donald Trump en su segundo mandato, especialmente en lo que respecta a migración y narcotráfico, tienen profundas implicaciones políticas y sociales para México, donde la falta de un enfoque cooperativo para abordar las causas de la migración y el narcotráfico puede llevar a una escalada del conflicto y a un aumento del sufrimiento humano.
Es fundamental optar por un diálogo constructivo que priorice el respeto a la soberanía y los derechos humanos.
A medida que Trump avanza con su agenda, el desafío para México será encontrar formas de resistir la presión externa mientras busca mantener su autonomía y proteger los derechos de sus ciudadanos.
Más análisis de Paola Alvarez Capetillo
—
POB/JCSD
