En las redes sociales, la historia suele escribirse desde la comodidad de un clic. Así se viralizan los videos, los juicios y las condenas. El caso de las maestras de un colegio en Puebla, es un ejemplo claro de cómo los linchamientos mediáticos deforman la realidad.
No es “Lady Loreto”, es la historia de una maestra que defendió su escuela, pero quedó atrapada en la narrativa de un video viral.
Entre lo que se ve y lo que se dice
La conversación pública ha girado en torno a lo que “él” dice y lo que “ellas” hicieron. Sin embargo, hay elementos clave que la mayoría ha pasado por alto. La diferencia entre lo que se observa en los videos y lo que se presume como cierto sin evidencia alguna.
Por ejemplo, no hay ninguna prueba de que las maestras hayan rayado el vehículo. Esa acusación se sustenta únicamente en la palabra del denunciante. Nadie se ha preguntado si el auto ya estaba dañado y el señalamiento fue una forma de acomodar la historia para que encajara mejor en el discurso de indignación.
Lo que sí existe es evidencia de que las maestras colocaron papeles y pegotes en el parabrisas. Esa acción ha sido reconocida por el propio colegio. Sin embargo, reducir toda la historia a eso es simplificarla al extremo.
El acceso indebido a la escuela
Un punto que pocos han señalado es cómo se obtuvo el material que dio origen a la viralización. El hombre que difundió el video ingresó a una propiedad privada, un colegio, sin autorización y comenzó a grabar. En ese video hay imágenes de menores de edad y de personal docente, registradas sin su consentimiento.
Este detalle es clave porque podría configurarse como allanamiento y violación a la privacidad, figuras que se encuentran tipificadas en la legislación vigente. Además, esperó afuera del colegio durante varios minutos para grabar y exponer los rostros de las maestras, construyendo así una narrativa que encajaba con la idea de “maestras violentas”.
¿Eso no es acoso? Aquí es donde se debe aclarar algo: el acoso no siempre es sexual. Documentar y difundir rostros de mujeres para exhibirlas públicamente también es una forma de violencia.
Según el artículo 293 del Código Penal del Estado de Puebla, el allanamiento de morada se configura cuando alguien, sin autorización, se introduce en un domicilio ajeno.
Aunque tradicionalmente se refiere a viviendas, este concepto puede extenderse a propiedades privadas, como instituciones educativas, dependiendo de la interpretación legal.
Además, grabar sin consentimiento vulnera el derecho a la privacidad de las personas involucradas.
Mentiras que pasan desapercibidas
En el video, el denunciante se presenta como parte del poder judicial, insinuando que por esa condición tiene cierta autoridad sobre el caso. Esa es una falsedad que pasó desapercibida para la mayoría de quienes vieron el video y contribuyeron a su viralización.
Más allá de lo sucedido dentro y fuera del colegio, el punto central es la construcción de un linchamiento mediático. Un fenómeno que crece porque muchos medios replican contenido sin verificación alguna, basándose únicamente en la viralidad y el morbo que genera.
Reacción con perspectiva de género
Si bien es cierto que colocar papeles en un auto no es una acción correcta, la reacción de las maestras debe entenderse en contexto. Ellas respondieron con los recursos que tenían a su alcance, defendiendo su espacio y a quienes forman parte de él. Esa reacción, aunque cuestionable, es comprensible desde una perspectiva de género y de protección colectiva.
En el video, una de las maestras claramente intenta proteger su institución, lo que representa y a quienes siente vulnerados. Defender un espacio educativo no debería traducirse automáticamente en un linchamiento digital.
Doble estándar
Este caso revela una inconsistencia preocupante. Cuando se trata de mujeres docentes, la reacción social es inmediata y condenatoria. ¿Dónde están quienes suelen alzar la voz en defensa de las mujeres? ¿Dónde están quienes critican el abuso de poder y la violencia institucional?
El silencio es evidente. Lo mismo ocurre cuando se minimizan desapariciones bajo el argumento de que las personas se ausentaron voluntariamente, como ocurrió recientemente en Santa Isabel Cholula. En esos casos, las dudas y críticas sí encuentran espacio, pero no cuando las protagonistas son maestras defendiendo su escuela.
Y las posturas de los medios
En Poblanerías hemos reiterado nuestro compromiso con el periodismo responsable. No publicamos ni replicamos videos virales porque, en su mayoría, no han pasado por un proceso mínimo de verificación. Lo que muestran es solo una parte de la historia, la que cabe en 30 segundos.
Lo que no se muestra, lo que se omite y lo que se manipula, rara vez se cuestiona.
Como ocurrió en 2016 con la periodista Lydia Cumming, etiquetada injustamente como “Lady Reportera”, este caso refleja cómo las narrativas virales deforman la realidad y generan linchamientos digitales sin contexto completo.
Hoy el colegio está clausurado por Protección Civil. ¿Qué relación tiene eso con lo sucedido? Ninguna. Es un dato adicional que se incorpora a la narrativa como si fuera parte de la historia, pero en realidad responde a procedimientos administrativos que nada tienen que ver con el conflicto inicial.
¿Renunciar o despido?
No sería justo que este caso termine con la destitución o renuncia de las maestras implicadas. Ellas actuaron defendiendo lo que creían justo. Y aunque sus acciones puedan ser debatidas, lo cierto es que no deben ser juzgadas únicamente por un video viral y una historia incompleta.
El llamado es a reflexionar sobre cómo consumimos información y cómo construimos juicios sobre personas y hechos que apenas conocemos. Porque detrás de cada video viral, hay una historia que nunca se cuenta.
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POB/JCSD
