En un giro dramático que ha sacudido las conciencias nacionales e internacionales, el Rancho Izaguirre en Teuchitlán y el Estado fallido se han convertido en el símbolo más reciente y escalofriante de la violencia desatada por el crimen organizado en México.
Teuchitlán y el Estado fallido: La crisis de las desapariciones
En febrero de 2025, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, un grupo de familiares de personas desaparecidas que han asumido la búsqueda de sus seres queridos, descubrió un campo de exterminio y entrenamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en este remoto rancho.
El rancho, ubicado a una hora de Guadalajara, es un símbolo del terror que vive nuestra nación, según datos de El País México tiene más de 124,000 personas desaparecidas y más de 15,000 solo en Jalisco. Las autoridades continúan trabajando para identificar los restos y determinar la antigüedad de los hallazgos.
El papel fallido del Estado
De acuerdo con BBC, las inspecciones fallidas de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, que no detectaron fosas ni hornos, revelan cómo la maquinaria estatal prioriza formalidades sobre resultados. Esto no es negligencia pasiva, sino un activo dispositivo de poder que convierte a las víctimas en “casos pendientes”, diluyendo su humanidad en registros administrativos.
La declaración presidencial que minimiza las desapariciones frente a los homicidios (“no hay más desaparecidos que asesinatos”) refuerza esta lógica: el Estado gestiona cifras, no vidas.
El caso de Teuchitlán revela un Estado que opera bajo una lógica de abandono estratégico, donde la búsqueda de personas desaparecidas se externaliza a la sociedad civil mientras se perpetúan mecanismos institucionales que profundizan el trauma.
Los colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco han asumido roles que corresponden al Estado: desde peritajes forenses básicos hasta inteligencia policial.
Esta externalización sigue un patrón documentado por SciELO: los colectivos aportan el 78% de las pruebas en casos de desaparición, mientras las fiscalías se limitan a protocolos burocráticos que clasifican cuerpos como “NN” (no identificados) en lugar de víctimas.
Burocracia como arma de revictimización
El Estado no solo fracasa en buscar: activamente obstaculiza. La ONU denuncia que las familias enfrentan interrogatorios que las criminalizan, como si ocultaran el paradero de sus seres queridos, así lo señala El Universal.
Hasta ahora 14 buscadores han sido asesinados en México desde 2020 (datos de IMDHD), asumiendo el peligro que deberían enfrentar las fuerzas estatales.
El fenómeno de los colectivos buscadores no es un acto heroico espontáneo: es el resultado de un diseño institucional que descarga responsabilidades en la sociedad civil mientras protege la impunidad estructural.
Los colectivos no solo buscan cuerpos: documentan crímenes de lesa humanidad que el Estado ignora. En Teuchitlán, por ejemplo, los Guerreros Buscadores hallaron 42 fosas tras 18 meses de rastreo, mientras la Fiscalía de Jalisco reportó “cero hallazgos” en su inspección oficial de 2024, así lo informa.
El hallazgo de libretas con listas de reclutamiento forzado muestra cómo el CJNG documenta mejor a sus víctimas que el propio gobierno. Una ironía macabra: los criminales llevan registros meticulosos (“Recl 74 59 y 9 mujeres”), mientras el Estado pierde expedientes.
Un pacto fallido
La teoría del contrato social, desde Hobbes hasta Locke, postula que los individuos renuncian a libertades naturales a cambio de protección estatal, así lo señala Ethics Unwrapped.
En México, este intercambio se ha convertido en una estafa estructural, donde hemos llegado a un punto crítico en el que el Estado no solo falla en protegernos, sino que incluso nos pone en peligro. El caso de Teuchitlán, con sus fosas clandestinas y hornos crematorios, es un recordatorio doloroso de cómo hemos cedido demasiado a cambio de una seguridad que nunca llega.
En lugar de servir a la sociedad, el Estado parece servir a intereses particulares, incluidos los del crimen organizado.
Complicidad silenciosa
Teuchitlán no es un incidente aislado; es el resultado de un sistema que ha fallado. Es más que un hallazgo macabro; es un espejo que refleja el fracaso del Estado mexicano en su deber más básico: proteger a sus ciudadanos.
La externalización de la búsqueda de desaparecidos a colectivos civiles no solo muestra la incapacidad del Estado, sino también su complicidad tácita con el crimen organizado. El hecho de que las autoridades hayan inspeccionado el Rancho Izaguirre sin detectar las fosas y hornos crematorios es un indicio de negligencia o colusión.
Este escenario no es un incidente aislado; forma parte de un patrón más amplio donde el Estado ha cedido su monopolio legítimo de la fuerza a grupos criminales. La consecuencia es una sociedad que vive en un estado de miedo constante, donde la desaparición se ha convertido en una industria y la búsqueda de justicia, en una tarea peligrosa.
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POB/JCSD
