Atrás quedaron las campañas políticas del año 2024 y la violencia ejercida en ellas se encuentra en el olvido con una grave invisibilización que ha generado que se traslade ahora, a las personas que resultaron vencedoras para asumir algún cargo público ya en el ejercicio de sus funciones.
Desde “la botarga”, manera de referirse a Xóchitl Gálvez; pasando por “el taco de chicharrón” forma en que la senadora Lilly Téllez se expresó de Citlalli Hernández; y hasta “presirvienta” como le llaman en diversas redes sociales a Claudia Sheimbaum presidenta de México; muestran que la violencia expresada en las distintas plataformas digitales es un claro reflejo de la sociedad en que vivimos, en la que difícilmente se castiga legalmente estas conductas, y más bien, pasan por un proceso de normalización en el que la burla es la constante.
El Instituto Nacional Electoral (INE) detalla que la violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Los insultos dirigidos a las mujeres en el poder, raras veces se centran en su gestión o propuestas; en cambio, atacan su físico, su origen o su vida privada y hasta sexual. Se trata de un patrón que refuerza la idea de que la participación política femenina debe estar sujeta a una validación estética o moral, un estándar que no se aplica a los hombres. Así, la violencia que inicia en redes sociales se normaliza hasta convertirse en agresiones físicas, amenazas e incluso asesinatos.
En la violencia política de género existe una intención de bloquear los derechos políticos electorales de las mujeres mediante el uso de expresiones que no sólo son violentas, sino que tienen una fuerte carga machista, sexista, racista y clasista, al intentar menoscabar y humillar a las mujeres por su condición social, etnia, color de piel e incluso por su peso, es decir, se prioriza la imagen femenina considerada “estética” sobre sus capacidades intelectuales para gobernar.
Este tipo de violencia que comienza con expresiones consideradas graciosas, se van normalizando al hacerlas pasar por “bromas” y en muchas ocasiones hacen alusión al cuerpo de las personas, en este caso mujeres, sin que existan repercusiones efectivas que las controlen. Así, la violencia ejercida en redes durante las campañas, se va profundizando y trasladándose de forma más grave al espacio físico con agresiones que terminan en la muerte de la o el candidato que se postuló.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE refleja la magnitud del problema: en cuatro años, apenas 363 personas han sido sancionadas, la mayoría en el ámbito municipal, donde las mujeres suelen enfrentar mayores obstáculos para ejercer el poder. Sin embargo, basta con revisar cualquier plataforma digital para ver que las agresiones en línea se cuentan por miles, y las sanciones son mínimas en comparación con la magnitud del problema.
En el proceso electoral del 2024 y de acuerdo con el Laboratorio Electoral (organismos de observación electoral ciudadano), se cometieron un total de 82 asesinatos de candidatos y candidatas en México entre los meses de enero a junio, siendo el mes de mayo el más letal con un total de 34 homicidios.
A pesar de los avances normativos, el desafío sigue siendo la impunidad. Existen protocolos y mecanismos de protección, pero su implementación es deficiente y las víctimas suelen enfrentarse a instituciones que minimizan sus denuncias. La violencia política de género no se erradica con buenas intenciones ni con marcos legales que no se cumplen. Es urgente una estrategia integral que combine prevención, sanción efectiva y un cambio cultural que elimine la tolerancia social hacia estas agresiones.
Porque mientras la violencia siga siendo el costo de participación política para las mujeres, la democracia en México seguirá encarcelada.
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POB/LFJ
