El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó un ultimátum al Grupo Proyecta, una desarrolladora inmobiliaria establecida en el estado, para que done dos hectáreas de terreno con el fin de construir viviendas para elementos de la Policía Estatal.
En conferencia de prensa, Alejandro Armenta aseguró que si la empresa no entrega el terreno en un plazo de 30 días, el gobierno iniciará un proceso de expropiación sobre cuatro hectáreas ubicadas en la zona de Lomas de Angelópolis.
Sin embargo, el tono empleado por el gobernador ha sido calificado como amenazante por diversos sectores.
“Les vamos a dar 30 días para que nos digan en qué polígono. Si en 30 días no nos dan dos hectáreas, vamos a iniciar un proceso de expropiación para cuatro hectáreas. Es un asunto de justicia”, declaró el mandatario.
La solicitud del gobierno estatal ocurre en medio de una serie de controversias relacionadas con la historia del Grupo Proyecta y la tenencia de la tierra en la región. El gobernador sostuvo que los terrenos en cuestión se encuentran en una zona donde anteriormente se expropiaron tierras ejidales a bajo costo y luego fueron transferidas a desarrolladoras inmobiliarias.
Grupo Proyecta, creador de Lomas de Angelópolis
Grupo Proyecta fue fundado en Puebla en el año 2000, y ha desarrollado proyectos como Lomas de Angelópolis y City Lomas Ocoyucan. Durante más de dos décadas, la empresa ha ampliado sus operaciones dentro del estado, generando desarrollo urbano y crecimiento inmobiliario, pero también enfrentando críticas y litigios por parte de habitantes locales y activistas.
Diversos medios han documentado que desde los primeros años de su operación, la empresa enfrentó litigios por presunta apropiación irregular de terrenos. En 2007, Grupo Proyecta enfrentaba más de 100 denuncias legales en San Andrés Cholula, Santa María Tonantzintla, y Santa Clara Ocoyucan.
En 2016, Grupo Proyecta firmó un contrato de usufructo con autoridades ejidales de Santa María Malacatepec para el uso de 245 hectáreas de tierras comunales, a cambio de una contraprestación de 10 millones de pesos.
De acuerdo con integrantes del Campamento de Resistencia y Lucha por la Defensa de la Tierra y el Agua, esto equivale a un pago de apenas 4 pesos por metro cuadrado, en una zona donde los terrenos se cotizan –actualmente– entre 480 y 700 dólares el metro.
El acuerdo, firmado por el comisariado ejidal el 18 de febrero de ese año, contempla un usufructo por 30 años para el desarrollo del proyecto inmobiliario de lujo City Lomas. En el mismo documento se reconoce como ejidatarios a los empresarios Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso, propietarios de Grupo Proyecta y desarrolladores de Lomas de Angelópolis.
El abogado Hilario Alonso, representante de los pobladores, asegura que se trata de tierras comunales, legalmente invendibles. Sin embargo, en el contrato se plantea gestionar ante autoridades agrarias el cambio de uso de suelo para parcelarlas y regularizar su venta.
José Emiliano Zambrano, líder del campamento en resistencia, denunció que el grupo empresarial ha impulsado el crecimiento de Lomas comprando terrenos a ejidatarios, y que quienes se oponen son hostigados. También señaló que, desde 2019, los pozos de agua en la comunidad se han secado debido a la demanda de los fraccionamientos, afectando el abasto del líquido en Malacatepec.
Zambrano agregó que la empresa ha emprendido una campaña de desprestigio contra los opositores, luego de que la Semarnat rechazara la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Como parte de la directiva de Grupo Proyecta figura Pedro Aspe Bernal, hijo del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.
Grupo México ¿nuevo dueño?
En semanas recientes, también se ha difundido que Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, habría adquirido el 60% de las acciones de Grupo Proyecta, convirtiéndose en el accionista mayoritario del desarrollo Lomas de Angelópolis. No obstante, la empresa minera desmintió dicha adquisición a través de una declaración para medios nacionales.
La situación se ha tensado aún más debido a la reactivación de denuncias penales contra nueve activistas del Campamento por la Resistencia de Santa María Malacatepec, quienes defienden áreas comunales y han denunciado que el desarrollo de City Lomas Ocoyucan invade su territorio. La denuncia reactivada por la Fiscalía General del Estado data de 2022, pero fue retomada en diciembre de 2023, coincidiendo con la información sobre la inversión de Grupo México.
El abogado de los activistas, Hilario Alonso, afirmó que existe preocupación por un posible desalojo violento y advirtió que las acciones legales reflejan una presunta alineación del poder público con intereses privados.
Desde el gobierno estatal se ha insistido en que el proceso de expropiación, de concretarse, se realizará conforme a derecho, bajo la figura de causa de utilidad pública. El propio gobernador argumentó que el proyecto de viviendas busca beneficiar a los elementos de seguridad del estado, quienes, dijo, “merecen un espacio digno”.
Hay diálogo con Grupo Proyecta, aseguran
A la par, se han iniciado mesas de diálogo entre el gobierno y representantes de Grupo Proyecta.
El jefe de gabinete, José Luis García Parra, confirmó que existe comunicación con la empresa y que se ha solicitado su participación en proyectos paralelos como la reubicación de la caseta de la autopista a Atlixco, un cambio que también impactaría la plusvalía de los terrenos de la desarrolladora.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra del anuncio del gobernador. En un comunicado, la organización afirmó que “estas acciones ponen en riesgo el Estado de Derecho” y que la expropiación no puede realizarse sin cumplir con todos los requisitos legales establecidos.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el gobernador reiteró su postura, asegurando que no existe ninguna ilegalidad en su propuesta. Sin embargo, expertos como el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, sostienen que el planteamiento del mandatario es problemático.
“El hecho de condicionar una donación bajo amenaza de expropiación es una forma de coacción y abuso de poder”, afirmó Burgoa.
Añadió que, aunque la expropiación está contemplada en la Constitución, debe justificarse plenamente ante un juez como causa de utilidad pública, lo que implica un proceso legal complejo y sujeto a impugnaciones.
Desde el punto de vista legal, el proceso de expropiación requiere una declaratoria formal, la justificación de su utilidad pública, la notificación a los propietarios y una indemnización justa.
Mientras tanto, los opositores a los desarrollos de Grupo Proyecta mantienen su postura de resistencia. Piden que se investiguen presuntas irregularidades en la adquisición de tierras, y exigen que se detenga la criminalización de activistas.
El caso sigue abierto y el plazo otorgado por el gobierno estatal está en curso. En los próximos días se sabrá si Grupo Proyecta accede a donar las hectáreas solicitadas o si el conflicto escala hacia un proceso de expropiación con implicaciones legales y políticas más amplias.
