La Red Nacional por la Paz hizo un llamado al gobierno de Puebla para cesar las declaraciones que criminalizan a madres buscadoras y para establecer un diálogo respetuoso con los colectivos que acompañan a familias de personas desaparecidas.

A través de un comunicado, la organización manifestó su preocupación por las declaraciones emitidas recientemente por autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien se refirió a María Luisa Núñez Barojas —fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla— con términos que los colectivos calificaron como revictimizantes.

“El acompañamiento a las madres buscadoras es un paso esencial para avanzar en la verdad, la justicia y la no repetición de desapariciones”, indicó la Red Nacional, al tiempo que exhortó al gobernador Alejandro Armenta Mier y al propio Aguilar Pala a atender con respeto a las víctimas indirectas de la desaparición forzada.

El pronunciamiento se dio tras la designación de Juan Enrique Rivera Reyes como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, un nombramiento que fue cuestionado por el Colectivo Voz de los Desaparecidos, al considerar que el funcionario no cumple con los requisitos de ley ni con experiencia en la materia.

Durante una conferencia de prensa, María Luisa Núñez aseguró que el proceso fue “una imposición” y que las familias no fueron tomadas en cuenta. Como respuesta, el secretario Aguilar Pala minimizó sus señalamientos y aseguró que su hijo, víctima de desaparición forzada, “tenía asuntos en el Triángulo Rojo”.

Ante ello, la Red Nacional por la Paz advirtió que “criminalizar a las víctimas y a sus familias no contribuye a resolver la crisis de desapariciones”, y reiteró que la labor de los colectivos ha sido fundamental para el desarrollo de leyes y mecanismos de búsqueda en Puebla.

“El Colectivo Voz de los Desaparecidos ha impulsado reformas legales, la creación de órganos especializados y campañas de concientización en colaboración con universidades y organizaciones civiles”, subrayó el documento.

También señalaron que este tipo de declaraciones desde el gobierno estatal representan un riesgo para las defensoras y familias que realizan labores de búsqueda, por lo que solicitaron garantías para la protección de quienes encabezan estos procesos, como es el caso de María Luisa Núñez.

“El respeto a su labor es el primer paso para construir soluciones desde la colaboración, no desde la confrontación”, indicaron.

La Red también cuestionó la reciente reunión del nuevo comisionado con otros colectivos, como “Justicia para Paulina Camargo” o “Buscadores de Paz”, sin incluir a Voz de los Desaparecidos. Consideraron que esta acción podría ser un intento por “dividir” a las organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas no localizadas.

Finalmente, la Red Nacional por la Paz pidió que se abra un canal de comunicación con todos los colectivos, se respete su trayectoria y se atiendan sus demandas sin prejuicios ni estigmas, para fortalecer los mecanismos de búsqueda desde la verdad, la justicia y la memoria.

 

 


POB/LFJ