La Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Puebla desechó el dictamen que buscaba eliminar las sanciones al trabajo sexual establecidas en el Código Reglamentario Municipal (Coremun). Con una votación de tres en contra y dos a favor, la iniciativa no será turnada al Cabildo para su discusión.
Durante la sesión ordinaria, la regidora Mayte Rivera Vivanco, presidenta de la comisión, presentó el dictamen que proponía modificar los artículos 209, 615 y 617 del Coremun para eliminar las sanciones al trabajo sexual y garantizar el ejercicio de esta actividad sin medidas punitivas.
En su presentación, la regidora argumentó que el objetivo era respaldar a un grupo social vulnerable que ha enfrentado extorsiones en administraciones pasadas.
No obstante, durante la discusión, la regidora Bertha Villavicencio Ramos, también de Morena, adelantó su voto en contra al señalar que “el dictamen presentado genera un grave riesgo jurídico y de derechos humanos”. Añadió que la eliminación de las sanciones podría contradecir el Protocolo de Palermo y disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Por su parte, Shirley Ponce Luna, regidora del PRI, defendió el dictamen al argumentar que era obligación de los regidores atender el tema. “Son ciudadanas respetables, independientemente del por qué trabajan en lo que hacen”, comentó, al afirmar que no deben ser ignoradas.
También participó en la discusión la regidora Alondra Méndez Luis, quien no pertenece a la comisión pero asistió a la sesión. “Es un tema de derechos humanos, más allá de todo, creo que el tema que se toca visibiliza a un grupo vulnerable”, dijo.
Sin embargo, la votación final cerró el tema con tres votos en contra y dos a favor. Los regidores que votaron en contra fueron Maricela Reyes Rosete, Bertha Villavicencio y Wences Ovidio Celis; mientras que Rivera Vivanco y Ponce Luna votaron a favor.
Al rechazarse el dictamen, continuarán vigentes las sanciones al trabajo sexual previstas en el Coremun. Según el artículo 29, fracción IV, inciso F, las personas que ejerzan o participen en actividades sexuales en espacios públicos pueden ser sancionadas con:
- amonestaciones
- arrestos de hasta 36 horas
- trabajo comunitario o multas que van de 10 a 100 UMAS, equivalentes actualmente a entre mil 131 y 11 mil 314 pesos.
El debate fue motivado por una solicitud presentada por el grupo conocido como “Chicas de la 14”, quienes denunciaron prácticas de extorsión por parte de elementos municipales en años anteriores.
A inicios de abril, Francisco Rodríguez Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno del municipio, declaró que el ayuntamiento iba a analizar una reforma al Coremun para que el sexoservicio deje de considerarse una falta administrativa y sea reconocido como oficio.
De acuerdo con el funcionario, hay existen acercamientos con agrupaciones de sexoservidoras del Centro Histórico y que el gobierno municipal se ha comprometido a respetar su trabajo, evitar extorsiones y garantizar que no participen menores de edad ni se incurra en trata de personas.
Finalmente, Rodríguez comentó que fue solicitada la entrega en comodato de un inmueble para usarlo como albergue, pero esta opción fue descartada tras considerar que las beneficiarias no se sentirían seguras en un espacio de ese tipo.
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POB/LFJ
