La circulación de scooters y bicis eléctricas en Puebla ha incrementado en los últimos años como una alternativa a los problemas de movilidad; sin embargo, la falta de regulación ha generado cuestionamientos sobre los riesgos que implican para la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.
La idea era que quienes usaran estos vehículos para trasladarse por la ciudad tendrían que emplacarlos, mientras que quienes los utilizaran solo para deporte o recreación no.
Sobre el tema, Silvia Tanús, secretaria de Movilidad y Transporte en Puebla, aclaró que –sin importar su uso– ni scooters ni bicis eléctricas están obligadas a portar placas, pues hasta el momento no existe una legislación clara al respecto.
Y aunque la funcionaria reconoció que el uso de estos vehículos no implicará trámites ni costos, el Congreso local revisará el tema para definir si es necesario regularlos de alguna forma y cómo hacerlo.
Lo anterior, abre la pregunta para el debate: ¿esto es viable? ¿implica un avance o retroceso en la movilidad?
En entrevista para Poblanerías.com, Armando Pliego Ishikawa, activista en temas de movilidad desde hace más de una década en Puebla, señaló que los scooters y bicicletas eléctricas han surgido como una respuesta ciudadana ante la precariedad del transporte público y la planeación urbana deficiente en el estado.
“Muchas veces, la oferta de transporte no responde a la ubicación de los centros de trabajo o vivienda. La gente ha encontrado en estos vehículos una forma más económica y flexible de trasladarse, pero sin regulación, también implican riesgos”, explicó.
No obstante, muchos de estos estos vehículos, vendidos como bicicletas, en realidad alcanzan velocidades superiores a los 25 km/h, lo que los convierte legalmente en motocicletas, comentó.
Y esto, conforme a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado, implicaría que deberían contar con placas, licencia de manejo y el uso obligatorio de casco, además de estar excluidos de las ciclovías.
Riesgos para peatones y ciclistas
El activista consideró que la principal preocupación en el uso de estos vehículos eléctricos es la seguridad de los peatones y ciclistas.
“Hemos visto estos vehículos circulando a alta velocidad en ciclovías, parques y espacios peatonales. Pesan hasta 80 kilos y pueden causar daños graves en caso de un accidente”, dijo.
De acuerdo con la normatividad actual, la distinción entre bicicleta y motocicleta debe basarse en la velocidad máxima del vehículo. Sin embargo, muchos usuarios desconocen o ignoran estas clasificaciones.
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Desde la perspectiva de Armando Pliego, implementar el registro obligatorio sería un paso necesario para la seguridad vial.
“No es solo para sancionar, sino para identificar el vehículo en caso de robo o accidente. Y si eso desincentiva su compra, tal vez favorezca la transición hacia vehículos realmente sustentables”.
Puebla y la regulación de scooters y bicis eléctricas
El activista sugiere que la regulación debe incluir también requisitos mínimos como el uso de casco con certificación oficial, controles de velocidad, rutas restringidas y exámenes prácticos para obtener licencias de conducir.
Si en imágenes de google busco “electric bicycle” con resultados en inglés y región en EEUU, me aparece esto: pic.twitter.com/2ycYENJlyq
— Armando Pliego Ishikawa ⏳ (@dobbyloca) April 30, 2025
En otras entidades como Michoacán ya se han implementado normativas que obligan a los vendedores de estos vehículos a incluir cascos certificados como parte del paquete.
Esta –dijo Armando Pliego– podría ser una medida replicable en Puebla.
“El objetivo no es privar a la gente de opciones de movilidad, sino garantizar que esas opciones no se conviertan en un peligro. Hoy vemos menores de edad circulando a 40 km/h en vehículos sin protección alguna”, advirtió Pliego.
Transporte público: otro eje pendiente
Señaló que para frenar el incremento de estos vehículos es necesario mejorar el transporte público, cuyas unidades superan la antigüedad establecida por la Ley de Transporte.
“No podemos exigir que la gente no use estas alternativas si el transporte es ineficiente, caro y peligroso. Modernizarlo requiere inversión pública, no solo exigencias a los concesionarios”, dijo.
“No podemos seguir actuando como si estos vehículos no existieran. Ya están aquí, y toca al Estado definir cómo convivimos con ellos”.
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POB/LFJ
