Irene Olea Torres, ex alcaldesa de Izúcar de Matamoros, enfrentó la audiencia de imputación por su presunta participación en los delitos de falsificación de declaraciones y documentos públicos, en relación con el caso de tortura contra las periodistas Natalí y Michelle Hoyos López ocurrido en marzo de 2023.
Durante la diligencia, que duró cerca de cuatro horas, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 49 pruebas en contra de la ex edil, además de dos testigos protegidos que respaldan los cargos.
La FGR también solicitó que se considere como parte del juicio el asesinato de María Socorro N, una testigo protegida que había sido convocada a declarar contra Olea Torres y fue asesinada días antes de su comparecencia en 2024.
El juez de control ordenó medidas cautelares para impedir que Irene Olea tenga contacto con las víctimas o con los testigos protegidos, y concedió a su defensa plazo hasta el lunes 17 de junio a las 15:00 horas para presentar pruebas de descargo.
Falsificación de documentos y posible encubrimiento
Entre las pruebas presentadas por la FGR se encuentran documentos que presuntamente fueron modificados por Olea Torres en su calidad de presidenta municipal, alterando fechas, integrando nombres de personas que no estuvieron presentes el día de la detención arbitraria, y anexando nuevos documentos al expediente original.
Michelle Hoyos declaró que, parte del material probatorio fue obtenido tras un cateo en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Izúcar de Matamoros.
También señaló que, durante la audiencia, se reiteró la relevancia del testimonio de Socorro N, quien fue asesinada el 21 de junio de 2024 en un ataque directo mientras trabajaba en un autolavado.
La FGR considera que su homicidio podría estar relacionado con su intención de testificar en el caso, y ha solicitado formalmente que ese hecho se integre al proceso judicial en curso.
Según información difundida durante la audiencia, Socorro Barrera habría informado a la FGR que el 10 de marzo de 2023, fecha en la que ocurrieron los hechos, se desempeñaba como trabajadora de la SSC municipal y se percató de que Irene Olea habría tenido conocimiento, e incluso dado instrucciones, sobre la detención de las periodistas Hoyos López.
Las víctimas fueron trasladadas a los separos municipales sin justificación legal, donde denunciaron haber sido torturadas, incomunicadas por cinco horas y agredidas sexualmente.
La testigo fue asesinada tres días antes de una audiencia judicial programada en la que iba a rendir declaración formal bajo la figura de testigo protegida. La FGR considera que su testimonio era clave para acreditar la participación de Olea Torres en la cadena de mando que permitió la agresión.
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