Organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la ley de ciberasedio en Puebla, recientemente aprobada por el Congreso local, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión, la labor periodística y el ejercicio del derecho a la información.
La reforma fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 14 de junio de 2025 y modifica el artículo 480 del Código Penal, al tipificar como delito el “ciberasedio”. Con ello, se establece una pena de hasta tres años de prisión y multas de hasta 300 UMAs (unos 33 mil pesos) para quien “a través de medios digitales, insulte, injurie, ofenda o agreda a otra persona con insistencia suficiente para causarle un menoscabo en su salud”.
Preocupa redacción ambigua y sin precisión legal
Tanto Amnistía Internacional México, como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ARTICLE 19 y la Red de Periodistas de Puebla, han advertido que esta norma contiene definiciones ambiguas que podrían ser usadas para criminalizar críticas legítimas o expresiones protegidas constitucionalmente, especialmente en redes sociales.
“Solicitamos la revisión de marcos legales que posibilitan la criminalización de la libertad de expresión, como los delitos contra el honor”, publicó la ONU en sus redes oficiales. A
Amnistía Internacional también pidió derogar el artículo y alertó que puede utilizarse para reprimir la disidencia en línea.
Amnistía Internacional llama al Congreso de Puebla a abrir un diálogo público con personas expertas y ajustar el Código Penal para que respete los derechos humanos.
✊🏽 La ciberseguridad no debe ser excusa para criminalizar la opinión ni para censurar a quienes alzan la voz. pic.twitter.com/b0yuwWxduW
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 18, 2025
En entrevista con Poblanerías.com, la Red de Periodistas de Puebla advirtió que el artículo 480 y otros como el 479 (espionaje digital) y el 258 Ter (uso indebido de datos personales) incumplen el principio de taxatividad del derecho penal. Es decir, no definen con claridad las conductas que se sancionan, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias.
“Estos delitos fallan en el principio de taxatividad del derecho penal al ser amplios o carentes de definiciones exactas, lo que puede criminalizar el ejercicio periodístico”, denunciaron.
Por su parte, la organización ARTICLE 19 recordó que entre 2018 y 2024 se documentaron 22 procesos judiciales contra periodistas en Puebla por sus publicaciones, lo que muestra un contexto de vulnerabilidad y señalaron que normas penales mal redactadas pueden ser utilizadas como herramientas de acoso judicial o censura indirecta.
Además, apuntaron que la protección de la infancia o la integridad emocional no debe justificar la creación de normas vagas que puedan inhibir la crítica pública o la difusión de información de interés social.
Claudia Sheinbaum fija postura contra la censura
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre esta reforma durante su conferencia matutina.
Desde Palacio Nacional, se deslindó de cualquier respaldo a normas que limiten las libertades y subrayó que su gobierno está “en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre”.
Además, indicó que se mantendrá atenta a cualquier disposición legal que pueda interpretarse como restrictiva de derechos fundamentales.
Reconoció que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, abrió un espacio de diálogo para discutir el artículo, aunque hasta ahora no hay propuestas para modificarlo.
Congreso de Puebla mantiene la reforma
Pese a las críticas, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que no se contempla derogar la ley de ciberasedio en Puebla. Dijo que podrían evaluarse ajustes tras realizar foros de análisis, pero sin alterar el fondo del artículo 480.
“La propuesta no busca limitar la libertad de expresión, sino proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo García Chávez, al argumentar que el objetivo es sancionar conductas reiteradas de acoso digital, especialmente en entornos escolares.
No obstante, diputadas de oposición y especialistas en derecho digital cuestionaron que la reforma fuera aprobada en “fast track” y sin una discusión adecuada con personas expertas en libertad de expresión o periodismo.
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POB/LFJ
