Al cierre de abril de 2025, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación brindaba protección a dos mil 598 personas.
De ellas, 1,601 son defensoras de derechos humanos y 997 periodistas, de acuerdo con el “Informe estadístico mensual” de este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo son las entidades que encabezan la lista de periodistas que cuentan con medidas de protección federal o en coordinación con autoridades estatales, dependiendo del plan de protección aprobado por la Junta de Gobierno, en la que participan también el Consejo Consultivo y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Antes de su instalación a finales de 2012, algunos periodistas alertamos sobre el mal diseño institucional del mecanismo federal, pues las y los legisladores de todos los partidos políticos hicieron caso omiso a nuestras recomendaciones: se trataba de un mecanismo de reacción policiaca y no de prevención basada en el libre ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad, condiciones que debe garantizar el Estado por obligación.
Alertamos que solo establecer medidas de seguridad una vez ocurrida la agresión o amenaza generaría una presión presupuestal, porque a medida que pasara el tiempo, se incrementarían las personas bajo protección, con un presupuesto limitado.
No hicieron caso y siguen sin hacer caso 12 años después.
Peor aún, cada vez son más las personas que sin ser periodistas profesionales reciben los beneficios del mecanismo.
Lo hemos dicho en varias ocasiones: la pésima definición de “Periodista” en la ley hace que se considere como tal a cualquier persona que publique lo que sea en cualquier plataforma mediática, especialmente digital, aunque en realidad solo ejerzan su derecho a la libertad de expresión.
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Incorporar al mecanismo a personas que publican en plataformas sociodigitales, que hacen transmisiones en vivo y que lo hacen sin calidad profesional, sin verificar información, sin contrastar fuentes y opinando por encima de explicar los hechos, solo ha pervertido el sentido del mecanismo de proteger el ejercicio profesional del periodismo, que sigue sin considerarse como una actividad de interés público.
Publicar y compartir ideas es un derecho humano, pero no significa que sea periodismo, y cada vez más personas son incorporadas al mecanismo como si lo fueran, lo que implica gastar recursos que deberían proteger a las y los verdaderos periodistas y garantizar que el periodismo profesional pueda ejercerse con seguridad y libertad.
Organizaciones de la sociedad civil han sido cómplices en esta tergiversación de una actividad profesional.
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POB/KPM
