El Tribunal Supremo de Brasil ha convocado a una sesión extraordinaria para analizar cinco recursos presentados para frenar la votación prevista en el Parlamento sobre el posible juicio político (impeachment) contra la presidenta Dilma Rousseff.
José Eduardo Cardozo, abogado General de la Unión, perteneciente al Gobierno, ha reclamado medidas cautelares para suspender la votación en la Cámara de Diputados hasta que se emita un dictamen definitivo sobre las presuntas irregularidades del proceso.
Para el abogado, todo el desarrollo del juicio político está “envenenado” jurídicamente y desvirtuado de su primera intención, además señala la inclusión de un testimonio de Delcidio de Amaral, senador que se ha dicho arrepentido por su participación en el caso de corrupción de Petrobas y que no tiene que ver con la raíz original del procedimiento, explica el abogado.
El reporte también alude al informe presentado por Jovair Arantes, abogado General de la Unión, sobre el que votó la comisión parlamentaria especial el lunes 11 de abril y que constituyó el primer paso efectivo del juicio político.
Según Cardozo, el informe y el debate realizado entre los diputados para su aprobación, tendría que haberse limitado a los términos exactos de las imputaciones, añadiendo que, en puridad y hablando de la corrupción en Petrobas, la presidenta no está imputada ni investigada.
Ante esto, el Supremo de Brasil ha convocado a una sesión extraordinaria a las 17:30, hora local, para discutir este y otros recursos presentados a unas horas de que inicien los debates en la Cámara Baja.
Reportes de los medios en Brasil indican que la posibilidad de que Rousseff salga derrotada en este primer trámite se han incrementado, esto tras una serie de golpes que ha culminado con el anuncio de que la mayoría de los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de los socios de Rousseff haya votado a favor del juicio político.
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