El gobierno del presidente Iván Duque, de Colombia, otorgó el Estado de Protección Temporal a inmigrantes de origen venezolano que serán beneficiados con una ampliación de garantías y derechos.
Un Estado de Protección Temporal es –por definición– cuando el gobierno anfitrión observa que la condición del país expulsor no cuenta con los requerimientos necesarios para recibir a los migrantes.
Actualmente, de Venezuela han salido aproximadamente 5.4 millones de personas por las condiciones políticas, sociales y económicas; de ellas, 1.7 millones optaron por Colombia, debido a la cercanía geográfica.
Esta declaración fue celebrada en el ámbito internacional, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, lo calificó como un “gesto histórico” comparable a la Declaración de Cartagena en 1984 sobre el asilo de personas perseguidas por divergencias políticas.
Este estatuto permitirá acoger entre uno a dos millones de venezolanos que transiten de manera regulada o irregular en el territorio colombiano. Esto es importante, ya que no solo le dará una protección a los migrantes, sino también tendrán acceso a los servicios públicos.
Con esta disposición, los inmigrantes venezolanos podrán permanecer en Colombia de manera regular por un periodo de diez años con la posibilidad de renovar su estancia, siempre y cuando hayan ingresado al país antes del 31 de enero de 2021.
Gracias a esta determinación los inmigrantes de Venezuela tendrán un registro único, con el cual podrán ejercer cualquier actividad legal en el país, como obtener una cuenta bancaria, arrendar un inmueble, tener una relación con el Estado y hasta recibir la vacuna contra la COVID-19.
La oposición gubernamental considera que esta medida es un intento de nacionalizar a un potencial padrón electoral que pudiera favorecer al partido Centro Democrático del presidente de Colombia Iván Duque durante las elecciones de 2022.
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Sin embargo, esto no debería ser motivo de preocupación para la oposición; puesto que, la Constitución de Colombia es clara diferenciando a los extranjeros con residencia y los regularizados.
Si bien, los extranjeros con residencia pueden ejercer el voto, en el entorno local no se les permite participar en las elecciones presidenciales o legislativas. Por otro lado, una persona regularizada no es un residente ni tendrá cédula y solo es un mecanismo transitorio de derechos humanos y económicos para los migrantes.
Este acontecimiento en Colombia deberá ser un ejemplo y ser replicado en otros países, debido a que una crisis migratoria expone una crisis humanitaria y esto debería ser suficiente para que los países ayuden a los migrantes.
Por el momento, no se cuenta con el documento oficial por parte del gobierno colombiano especificando los detalles, pero se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Relaciones Exteriores emita una resolución detallada de cómo será exactamente el esquema.
Sin duda, el presidente Iván Duque, a pesar de ser descrito por muchos como un conservador que sigue decisiones con poco margen de riesgo político, sorprendió con esta gran propuesta.
Esta decisión del mandatario colombiano obliga, a su vez, a revisar el sistema de registro migratorio, pues ya en otras ocasiones no ha sido eficaz en el control de quienes entran al país.
Otro gran reto será para la sociedad colombiana. Normalmente, este tipo de medias podrían desarrollar sentimientos nacionalistas o de nativismo que pueda perjudicar la convivencia social y desencadene actitudes racistas en contra de los inmigrantes.
Esta gran apuesta por parte del gobierno colombiano, es otro ejemplo de solidaridad humana y entre naciones que debería reinar en la esfera global. Los venezolanos se encuentran en una etapa difícil y esto será una palmada de apoyo en la espalda.
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